A pesar de sus lazos comunitarios, jueza cita riesgo de fuga al negar fianza de algunos inmigrantes

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Una jueza le negó fianza a una madre de tres de Carthage el miércoles—un miembro de una iglesia Bautista local y una ex-empleada de la planta de procesamiento de alimentos Pearl River Foods—quien fue arrestada durante las redadas migratorias al comienzo de agosto.

La corte Estadounidense Thad Cochran en el centro de Jackson.

El papeleo administrativo de antes del juicio presentado a la corte erróneamente decía que no tiene hijos, aunque si hijo adolescente, un ciudadano estadounidense, estaba sentado en el tribunal durante su juicio. El abogado defensor Tom Rich no llamó a ningún testigo.

A causa de la discrepancia, la Jueza de la Paz de los EE.UU. Linda Anderson dijo que no tiene suficiente evidencia de los lazos de la acusada a la comunidad, un factor que influye las condiciones de su fianza.

Anderson reconoció que los abogados defensores no estaban preparados para el juicio ya que tiene acceso limitado a sus clientes, y ofreció reconsiderar su decisión cuando reciba información adicional.

Mientras que un mariscal escoltaba a la madre, vestida en un mono anaranjado de la cárcel del condado Madison, fuera del tribunal, ella se volteó para mirar a su hijo, su cara roja y con lágrimas. El adolescente estaba sentado en la primera fila, sorbiendo, mientras el escribía una carta en su papel de cuaderno para entregarla a la jueza.

El papeleo administrativo de antes del juicio para otra detenida a la corte el miércoles menciona que su residencia es la instalación penal en Luisiana donde Inmigración y Control de Aduanas de los EEUU mantiene a sus detenidos.

Anderson llevó a cabo algunas de las primeras audiencias de detención para personas detenidas en las redadas de plantas de pollo en Mississippi. Le negó la fianza a todos.

Los tres acusados — acusados de reingreso ilegal, con un castigo de hasta dos años en prisión — quedarán bajo la custodia del Servicio Mariscal de los EEUU hasta sus audiencias en octubre. Anderson determinó que presentan riesgo de fuga.

“Parece que sigue regresando a Mississippi,” dijo Rich para argumentar que uno de sus clientes, quien volvió a reingresar a los EEUU después de haber sido deportado tres veces en el pasado, no es un riesgo de fuga. “Él quiere estar acá.”

El Servicio de Mariscales tiene contratos con la instalación penal del condado de Madison y una instalación penal en el condado de Tallahatchie para mantener a detenidos antes de sus audiencias. Si los acusados criminales hubiesen sido otorgados la fianza, probablemente no hubiesen regresado a sus casas, si no que hubiesen sido puestos bajo la custodia de ICE bajo una orden de detención.

Abogados para los EEUU argumentaron que basado en sus historiales de desobediencia a órdenes federales, cada uno de los tres acusados no podría ser confiado para que regresen a sus tribunales criminales.

Agentes para el Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU testificaron sobre el proceso de revisión que determinó quienes de los 680 trabajadores arrestados podrían ser liberados primero. El agente David Boyd dijo que los oficiales soltaron a los padres solteros y los que tenían condiciones médicas — alrededor de 300, según reportes anteriores.

No todos los liberados recibieron tobilleras con GPS, dijo Boyd, porque “se nos acabaron.”

Durante una lectura de cargos frente a Anderson el miércoles temprano en la mañana, los oficiales descubrieron que habían transportado a la persona incorrecta — un detenido de ICE que no había sido acusada de cargos criminales — a la corte. Anderson incluso asignó a un abogado de la defensa Carlos Tanner para representar al hombre antes de que descubrieran que no estaba en la lista de casos.

Anderson tuvo que cambiar una audiencia de fianza para otro acusado que vino a la corte el miércoles porque el interprete asignado a él que habla español no habla mam, un idioma que se habla en Guatemala.

Haga clic aquí para leer este artículo en inglés.